Publicado en Cambio 16, el 7 de Enero del 2008

Toda actividad intelectual sobre soporte informático está sujeta a una tasa en España. La exposición retórica, que de esta realidad hacen las entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, sostiene que la sociedad de la información está basada en el uso ilegítimo masivo de los derechos de sus representados. Esta culpa colectiva sólo puede ser, en forma de mínimos, compensada por el denominado canon digital.

Desde esta exposición, la ciudadanía ha podido participar en la primera discusión pública sobre los derechos compensatorios que recaudan las cada vez más poderosas y menos discretas entidades de gestión. Si alguien ajeno a esa discusión la hubiera observado con fría objetividad, habría significado, al menos, dos cosas: que existía una reñida discusión sobre un asunto complejo y muy técnico con repercusiones duraderas en ámbitos enteros de la industria (y la creación intelectual) y que a pesar de lo ardua y grave de la discusión no existía un solo informe técnico que permitiera una verdadera discusión “técnica”. Es decir, los representantes del pueblo volvieron a votar desde la opinión y el interés práctico del partido correspondiente y algo que nuestra estructura institucional niega, en realidad es decisiva en las estructuras de decisión pública en España: la existencia efectiva de lobbys poderosos.

Para crear digitalmente es necesario soporte digital, y por tanto la creación tiene que pagar su royalty a la entidad de gestión de turno. No importa si lo que se graba es un vídeo doméstico o un juicio en los tribunales del Reino, o las Administración pública en el desempeño de sus funciones utiliza ordenadores, CDs, DVDs, impresoras, fotocopiadotas, a diferencia de en Alemania (artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual) en España todos los sectores y con independencia de la actividad que desarrollen hay que pagar canon. Ninguna de estas actividades perjudica a ninguno de los representados por la SGAE o CEDRO o VEGAP. Sin embargo, el sector público y el privado deben pagar el royalty porque todos, según razonan los fundamentos de la norma, somos infractores de los derechos de autor. Así, el ámbito cultural en España está construido sobre una gran culpa colectiva que legitima que tengamos que pagar por cualquier actividad en soporte digital. Digámoslo claro, en España la creación digital está patentada (existe un monopolio legal) y el que quiera hacer algo en soporte digital debe pagar. Este es el gran sector creativo discriminado en España.

Por un lado nos encontramos que la mayor concentración de creación cultural no está ocurriendo ahora mismo en los modelos tradicionales de creación con que se legitiman las entidades de gestión. Por otro, donde se está creando masivamente es en el entorno digital y mayoritariamente en red, y es ahí donde se da mayor consumo de soportes digitales. Resulta así que este tipo de creación es la más vulnerable, la de mayor crecimiento y la menos atendida y comprendida en España, curiosamente por quienes dicen defender y conocer el mundo creativo de nuestro país. Pero, ¿algún blogger ha cobrado compensación por el uso privado de su creación?, porque resulta que la directiva europea 2001/29/CE habla de uso de la obra, no de compra. ¿Es menos creación el diseño gráfico de una página web? ¿cobra compensaciones algún diseñador gráfico en entorno digital? ¿qué sucede con el net.art?, ¿qué sucede con el periodismo digital? Lo cierto es que la inmensa masa de creadores que sostienen la estructura de intercambio creativo de información que hace sostenible esta sociedad denominada de la información queda fuera de protección, pagan por la vulneración presupuesta de los derechos de autor de los creadores tradicionales y además sirven de excusa para obtener ingresos masivos por medio del canon a favor de uno de los varios lobbys invisibles de nuestro Estado. Yo uso mayoritariamente software libre, y tengo que pagar un canon cada vez que grabo un CD. Los sitios de Guadalinex y Linex (distribuciones de linux de las Juntas de Andalucia y Extremadura) han tenido millones de descargas de las imagenes las cuales sólo se pueden grabar en CD antes de usarse por lo tanto, hay millones de usuarios que han pagado por el dichoso canon para grabar un CD de software libre.

Lo cierto es que no existe un solo dato verificable que permita una relación entre canon y mayor creación intelectual o cultural. Creo que en algunos aspectos nuestra democracia sigue siendo de primera generación y lo digo en el hecho de que la mayor parte de las decisiones reguladoras no se basan en estudios técnicos y casi nunca en análisis de costo beneficio. En realidad no hay evaluaciones técnicas sobre las cuestiones objeto de discusión y decisión pública, los aspectos implicados en la regulación reciben en el mejor de los casos un tratamiento retórico y no son objeto de evaluación científica, económica o técnica.

De haberse hecho, sobresaldría un dato evidente: que el ámbito creativo de mayor crecimiento es el ámbito digital. Asimismo, que nunca ha contado con el apoyo de ninguna entidad de gestión de derechos de autor, que el canon ha sido perturbador para la industria digital francesa, que el Tribunal Supremo alemán ha constatado (sentencia de 7 de diciembre de este año) que existe muchas veces duplicidad en el pago del canon. Un estudio técnico habría concluido que en definitiva el nuevo canon va dirigido principalmente a los creadores, a los nuevos creadores en el entorno digital.

Es curioso que las atenuaciones al canon nos las proporcione la industria más beneficiada por este “royalty universal”. Me refiero a los sistemas digitales DRM, que son programas informáticos que impiden que las obras puedan copiarse o utilizarse. En definitiva, permiten que con la información suceda como con las semillas híbridas, que no puedan dar fruto. Los DRM serán propuestos como gran solución, es decir, con la excusa del crimen cultural en el que participamos todos cualquier porción de información deberá estar controlada digitalmente. La industria, los lobbys y el Gobierno coinciden en algo: una falsa alarma social que permita más control y que facilite la difusión legal de los DRM. Julian Coccia es probablemente uno de los más significados hacker que usan nuestro idioma y definió las implicaciones de los DRM en cinco puntos: 1. Atenta contra la privacidad del usuario. 2. Usa los recursos del ordenador y de la red del usuario contra su voluntad. 3. Impide el normal acceso al contenido. 4. Incita el uso de software no libre, y 5. Discrimina a los usuarios en virtud de la tecnología que usan.

Vinculados a la información y la creación existen varios derechos fundamentales con los que los lobbys y sus industrias asociadas, así como el Gobierno, están transaccionando. La deuda histórica inventada (e ideológica) de que todos somos ladrones y que hace de la sociedad de la información una sociedad criminalizada. Para mí, ésta es probablemente la comprensión más detestable de la creación y los derechos de autor desde Torquemada. En definitiva, y visto desde otro punto de vista, asesino por decreto de lo que la Guerra Civil no se llevó de García Lorca.

por José María Lancho